SANTO DOMINGO.- El acuerdo entre la Procuraduría General de la República
y la constructora Odebrecht fue rechazado este mediodía por el juez de
atención permanente, José Alejandro Vargas, tras considerar que no
cumplieron los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal.
El magistrado justificó su decisión en que el acuerdo era el resultado de una conciliación entre las partes, pero que no se podía aplicar en este por tratarse de un hecho grave.
Explicó que para hallar una conciliación deben participar en el acuerdo las víctimas, imputados y los querellantes, por lo que no se puede considerar en este caso.
En su motivación sostuvo que la homologación se aplicaría como conciliación en infracciones leves, pero que tanto Odebrecht como la Procuraduría reconocen que se trata de un caso grave, que amerita “otro tipo de remedio procesal”.
El magistrado justificó su decisión en que el acuerdo era el resultado de una conciliación entre las partes, pero que no se podía aplicar en este por tratarse de un hecho grave.
Explicó que para hallar una conciliación deben participar en el acuerdo las víctimas, imputados y los querellantes, por lo que no se puede considerar en este caso.
En su motivación sostuvo que la homologación se aplicaría como conciliación en infracciones leves, pero que tanto Odebrecht como la Procuraduría reconocen que se trata de un caso grave, que amerita “otro tipo de remedio procesal”.
En
su dispositivo el magistrado declaró inadmisible el acuerdo y ordenó su
devolución para que las partes escojan el mecanismo que establece el
Código Procesal Penal.
Mediante el convenio la empresa brasileña se había compromete a pagar al Estado dominicano una multa de 184 millones de dólares, durante un período de ocho años.
Previo al inicio de la audiencia, el Colectivo Marcha Verde protestó en el Palacio de Justicia exigiendo que el magistrado rechazara la validación de dicho acuerdo.
Mediante el convenio la empresa brasileña se había compromete a pagar al Estado dominicano una multa de 184 millones de dólares, durante un período de ocho años.
Previo al inicio de la audiencia, el Colectivo Marcha Verde protestó en el Palacio de Justicia exigiendo que el magistrado rechazara la validación de dicho acuerdo.
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