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viernes, 20 de enero de 2017

Lo que se espera del gobierno de Danilo Medina

Editorial del periodico Acento.com
Aunque hay muchos casos que el país ha seguido con insistencia, y que concentran la atención de los ciudadanos y los medios de comunicación, ninguno había concitado tanta indignación y reacciones de alarma como la revelación de la empresa Odebrecht sobre los sobornos pagados en 13 años seguidos, entre 2001 y el 2014.
Recordamos casos como la lucha por el 4% del PIB para educación, el suicidio del arquitecto David Rodríguez García en un baño en la OISOE, el proceso de endeudamiento irregular de la OISOE a través de la empresa Sun Land, la quiebra de los bancos en el 2003, o la revelación del soborno de 3 millones de dólares por la compra de los aviones Tucano. Ninguno había despertado tanto interés y reclamo de esclarecimiento que el que le ha explotado en el inicio de una segunda administración del presidente Danilo Medina.

Se entiende que el gobierno está interesado en solucionar el embrollo que se ha creado. Con mucha claridad la población, las organizaciones, los medios de comunicación, las iglesias y hasta los grupos empresariales exigen que se conozcan los nombres de las personas que recibieron el monto del soborno. Está fuera de toda duda que tales acciones se realizaron, pues la misma empresa Odebrecht, protagonista en este caso, lo dio a conocer al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El camino que el gobierno ha seguido es de dos vías: por un lado la Procuraduría General de la República realiza una investigación de amplio calado para determinar si en las 17 obras ejecutadas por Odebrecht, entre 2001 y 2014, se pagaron sobornos, y como está confesado ante la justicia, quienes fueron los sobornados dominicanos. La investigación incluye desde la primera obra, la construcción del acueducto de la línea Noroeste, hasta la construcción de dos plantas de carbón en Punta Catalina, que está en proceso de construcción. Y en segundo lugar, el presidente creó una comisión de 10 personas con credibilidad, designadas por decreto 7-17, para investigar la licitación de Punta Catalina, y que esa comisión informe al país los resultados que encuentre.
En el camino quedan muchas decisiones. Por ejemplo con respecto al proceso que podría emprender el Ministerio Público para suspender las operaciones de Odebrecht en República Dominicana durante la investigación. La otra cuestión se relaciona con la institucionalidad, la fuerza legal y la credibilidad del Ministerio Público. La instancia para hacer la investigación es la judicial, dentro de la cual está el Ministerio Público, que es el área de justicia que corresponde al poder ejecutivo.
También quedan pendientes decisiones de la Dirección General de Contrataciones Públicas, o de la Cámara de Cuentas como auditor del Estado, con capacidad legal para intervenir y ofrecer informes que permitan al Ministerio Público tomar decisiones más acertadas, y en justicia, sobre el tema.
El tiempo pasa, pero el debate lo desciende en la atención pública. La falta de credibilidad de las instancias del Estado es notable. Los partidos políticos opinan y piden consecuencias. Algunos piden la renuncia del Procurador General de la República, lo que carece de sentido, pues quien designa esa posición es el Poder Ejecutivo. Jean Alaín Rodríguez ha dicho que trabaja para encontrar los datos y proceder contra quienes hayan recibido los fondos. Esa es su palabra y hay que tomársela en cuenta. Luego se podrá sacar conclusiones sobre las actuaciones del Ministerio Público, si han sido acertadas o no, o si han protegido a personas con responsabilidad en estos manejos.
Está pendiente una decisión del Poder Ejecutivo, con más firmeza que la designación de la comisión para investigar solo la licitación de Punta Catalina. El tema en que el país está envuelto merece una declaración presidencial dirigida a enfatizar su postura de que la corrupción no puede quedar impune y menos en una administración de Danilo Medina. Es lo que han dicho las organizaciones empresariales en un comunicado que fue dado a conocer este jueves.
El gobierno tiene que recuperar la postura de la transparencia. El caso lo amerita, independientemente de las decisiones que tome a partir de ahora el Ministerio Público. La impunidad no es un camino que deba quedar abierto para quienes recibieron los fondos entregados por Odebrecht.

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