Editorial del periodico Acento.com
Aunque hay muchos
casos que el país ha seguido con insistencia, y que concentran la
atención de los ciudadanos y los medios de comunicación, ninguno había
concitado tanta indignación y reacciones de alarma como la revelación de
la empresa Odebrecht sobre los sobornos pagados en 13 años seguidos,
entre 2001 y el 2014.
Recordamos casos como la lucha por el 4%
del PIB para educación, el suicidio del arquitecto David Rodríguez
García en un baño en la OISOE, el proceso de endeudamiento irregular de
la OISOE a través de la empresa Sun Land, la quiebra de los bancos en el
2003, o la revelación del soborno de 3 millones de dólares por la
compra de los aviones Tucano. Ninguno había despertado tanto interés y
reclamo de esclarecimiento que el que le ha explotado en el inicio de
una segunda administración del presidente Danilo Medina.
Se entiende que el gobierno está
interesado en solucionar el embrollo que se ha creado. Con mucha
claridad la población, las organizaciones, los medios de comunicación,
las iglesias y hasta los grupos empresariales exigen que se conozcan los
nombres de las personas que recibieron el monto del soborno. Está fuera
de toda duda que tales acciones se realizaron, pues la misma empresa
Odebrecht, protagonista en este caso, lo dio a conocer al Departamento
de Justicia de los Estados Unidos.
El camino que el gobierno ha seguido es
de dos vías: por un lado la Procuraduría General de la República realiza
una investigación de amplio calado para determinar si en las 17 obras
ejecutadas por Odebrecht, entre 2001 y 2014, se pagaron sobornos, y como
está confesado ante la justicia, quienes fueron los sobornados
dominicanos. La investigación incluye desde la primera obra, la
construcción del acueducto de la línea Noroeste, hasta la construcción
de dos plantas de carbón en Punta Catalina, que está en proceso de
construcción. Y en segundo lugar, el presidente creó una comisión de 10
personas con credibilidad, designadas por decreto 7-17, para investigar
la licitación de Punta Catalina, y que esa comisión informe al país los
resultados que encuentre.
En el camino quedan muchas decisiones.
Por ejemplo con respecto al proceso que podría emprender el Ministerio
Público para suspender las operaciones de Odebrecht en República
Dominicana durante la investigación. La otra cuestión se relaciona con
la institucionalidad, la fuerza legal y la credibilidad del Ministerio
Público. La instancia para hacer la investigación es la judicial, dentro
de la cual está el Ministerio Público, que es el área de justicia que
corresponde al poder ejecutivo.
También quedan pendientes decisiones de
la Dirección General de Contrataciones Públicas, o de la Cámara de
Cuentas como auditor del Estado, con capacidad legal para intervenir y
ofrecer informes que permitan al Ministerio Público tomar decisiones más
acertadas, y en justicia, sobre el tema.
El tiempo pasa, pero el debate lo
desciende en la atención pública. La falta de credibilidad de las
instancias del Estado es notable. Los partidos políticos opinan y piden
consecuencias. Algunos piden la renuncia del Procurador General de la
República, lo que carece de sentido, pues quien designa esa posición es
el Poder Ejecutivo. Jean Alaín Rodríguez ha dicho que trabaja para
encontrar los datos y proceder contra quienes hayan recibido los fondos.
Esa es su palabra y hay que tomársela en cuenta. Luego se podrá sacar
conclusiones sobre las actuaciones del Ministerio Público, si han sido
acertadas o no, o si han protegido a personas con responsabilidad en
estos manejos.
Está pendiente una decisión del Poder
Ejecutivo, con más firmeza que la designación de la comisión para
investigar solo la licitación de Punta Catalina. El tema en que el país
está envuelto merece una declaración presidencial dirigida a enfatizar
su postura de que la corrupción no puede quedar impune y menos en una
administración de Danilo Medina. Es lo que han dicho las organizaciones
empresariales en un comunicado que fue dado a conocer este jueves.
El gobierno tiene que recuperar la
postura de la transparencia. El caso lo amerita, independientemente de
las decisiones que tome a partir de ahora el Ministerio Público. La
impunidad no es un camino que deba quedar abierto para quienes
recibieron los fondos entregados por Odebrecht.
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