Autora: Margarita Cedeño de Fernández
En las democracias a la usanza occidental, el germen de un gobierno autocrático está, casi siempre, en un partido autocrático o en la ausencia de un partido.
El sistema democrático descansa sobre la existencia de los partidos y en su funcionamiento eficiente y transparente. Es por eso que, de la calidad y los valores impregnados en la partidocracia, habla el sistema democrático. Es decir, cuando funciona la estructura básica del sistema político y electoral, funciona la democracia.
Así está establecido en las Constituciones políticas y en la práctica de la mayoría de las naciones de Occidente. Y de igual forma, así lo indica la historia. Un gobierno elegido democráticamente podrá ser mejor o peor en cuanto a la defensa de los intereses del pueblo y del país; podrá ser más de izquierda o de derecha; más liberal o más conservador. Nada indica que un mandatario electo por el pueblo, ungido por un proceso democrático, ejerza una dictadura o se erija en un autócrata.
La única garantía es el ejercicio democrático, es decir, que las instituciones funcionen, que haya límites a las apetencias personales y que la voluntad popular sea respetada. La experiencia histórica y teórica así lo indican.
Sin embargo, la única verdad es la realidad y ésta muestra otra cara del sistema democrático en nuestro continente. Estudios de opinión que se reiteran en los últimos años muestran un proceso ascendente de pérdida de credibilidad de la política y las instituciones democráticas. Al punto que más de la mitad de la población aceptarían regímenes autocráticos y dictatoriales con tal de que den respuestas a sus demandas.
Esto ocurre en un subcontinente donde distintos casos de violación al orden constitucional y la democracia, sembraron el terror, la muerte, la tortura, vaciaron las empresas públicas, destruyeron el andamiaje institucional, tal y como sucedió en el pasado en nuestro país.
Esos mismos estudios aseguran que 2 de cada 10 personas no confían en los partidos ni en los políticos. Y muy similar opinión se tiene del Parlamento, la Justicia, los sindicatos y las representaciones empresariales. En las dos últimas décadas ese fenómeno ha venido creciendo, en un contexto donde aún se requieren muchos esfuerzos para el combate a la pobreza, para enfrentar la falta de empleo, los bajos salarios, las enormes desigualdades, la discriminación, la inseguridad. Y se ha agregado otro factor que roe la credibilidad: la corrupción.
Este fenómeno ha sido motivo de la aparición de personajes outsiders de la política que han ganado elecciones por esa sola causa y han fracasado como gobierno, mayoritariamente. ¿Significa eso que las sociedades deben ser benevolentes con la corrupción? De ninguna manera. Esas circunstancias deben impulsarnos a profundizar nuestra lucha por la transparencia, por la moralización de la sociedad y el Estado.
La necesidad de revitalizar la democracia, de recuperar la credibilidad de la población en los partidos deben ser objetivos prioritarios de las dirigencias políticas y sociales. Para ello, deben abrir el cauce de participación a las mujeres y a los jóvenes, en pie de igualdad. Deben revisar, inclusive, sus dogmas y sus prácticas y adaptarse a la nueva realidad de un siglo que acelera más y más los cambios.
Por ello, soy entusiasta impulsora de la revisión profunda a lo interno de los partidos políticos, el necesario impulso a la legislación de partidos y de financiamiento de campañas políticas, y la adopción de programas y reglas que rijan con mayor rigurosidad la vida interna de los partidos.
La democracia es como el fuego, surge de abajo hacia arriba. Cuando se consolida una práctica contraria, se abre el camino a la desconfianza y el desencanto populares y al autoritarismo. De un partido que ejerce el autoritarismo no podrá salir sino un gobierno autocrático. De un partido que ejerce la democracia no podrá salir sino un gobierno democrático. Los líderes que requiere el momento actual deben forjarse en el ejercicio de la más amplia democracia y de la más amplia participación de la ciudadanía. Que sea la voluntad popular la que marque siempre el camino.
El sistema democrático descansa sobre la existencia de los partidos y en su funcionamiento eficiente y transparente. Es por eso que, de la calidad y los valores impregnados en la partidocracia, habla el sistema democrático. Es decir, cuando funciona la estructura básica del sistema político y electoral, funciona la democracia.
Así está establecido en las Constituciones políticas y en la práctica de la mayoría de las naciones de Occidente. Y de igual forma, así lo indica la historia. Un gobierno elegido democráticamente podrá ser mejor o peor en cuanto a la defensa de los intereses del pueblo y del país; podrá ser más de izquierda o de derecha; más liberal o más conservador. Nada indica que un mandatario electo por el pueblo, ungido por un proceso democrático, ejerza una dictadura o se erija en un autócrata.
La única garantía es el ejercicio democrático, es decir, que las instituciones funcionen, que haya límites a las apetencias personales y que la voluntad popular sea respetada. La experiencia histórica y teórica así lo indican.
Sin embargo, la única verdad es la realidad y ésta muestra otra cara del sistema democrático en nuestro continente. Estudios de opinión que se reiteran en los últimos años muestran un proceso ascendente de pérdida de credibilidad de la política y las instituciones democráticas. Al punto que más de la mitad de la población aceptarían regímenes autocráticos y dictatoriales con tal de que den respuestas a sus demandas.
Esto ocurre en un subcontinente donde distintos casos de violación al orden constitucional y la democracia, sembraron el terror, la muerte, la tortura, vaciaron las empresas públicas, destruyeron el andamiaje institucional, tal y como sucedió en el pasado en nuestro país.
Esos mismos estudios aseguran que 2 de cada 10 personas no confían en los partidos ni en los políticos. Y muy similar opinión se tiene del Parlamento, la Justicia, los sindicatos y las representaciones empresariales. En las dos últimas décadas ese fenómeno ha venido creciendo, en un contexto donde aún se requieren muchos esfuerzos para el combate a la pobreza, para enfrentar la falta de empleo, los bajos salarios, las enormes desigualdades, la discriminación, la inseguridad. Y se ha agregado otro factor que roe la credibilidad: la corrupción.
Este fenómeno ha sido motivo de la aparición de personajes outsiders de la política que han ganado elecciones por esa sola causa y han fracasado como gobierno, mayoritariamente. ¿Significa eso que las sociedades deben ser benevolentes con la corrupción? De ninguna manera. Esas circunstancias deben impulsarnos a profundizar nuestra lucha por la transparencia, por la moralización de la sociedad y el Estado.
La necesidad de revitalizar la democracia, de recuperar la credibilidad de la población en los partidos deben ser objetivos prioritarios de las dirigencias políticas y sociales. Para ello, deben abrir el cauce de participación a las mujeres y a los jóvenes, en pie de igualdad. Deben revisar, inclusive, sus dogmas y sus prácticas y adaptarse a la nueva realidad de un siglo que acelera más y más los cambios.
Por ello, soy entusiasta impulsora de la revisión profunda a lo interno de los partidos políticos, el necesario impulso a la legislación de partidos y de financiamiento de campañas políticas, y la adopción de programas y reglas que rijan con mayor rigurosidad la vida interna de los partidos.
La democracia es como el fuego, surge de abajo hacia arriba. Cuando se consolida una práctica contraria, se abre el camino a la desconfianza y el desencanto populares y al autoritarismo. De un partido que ejerce el autoritarismo no podrá salir sino un gobierno autocrático. De un partido que ejerce la democracia no podrá salir sino un gobierno democrático. Los líderes que requiere el momento actual deben forjarse en el ejercicio de la más amplia democracia y de la más amplia participación de la ciudadanía. Que sea la voluntad popular la que marque siempre el camino.
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