El monto que supuestamente se pagó por las transacciones asciende a los RD$ 17, 800, 000.00, en efectivo, pero la familia Henríquez alega que no hay una constancia de que esos desembolsos a favor de su pariente se hayan realizado
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ingenio de Miguel
Vargas Maldonado como empresario es ampliamente conocido para los dominicanos,
acumulando, según su declaración jurada de bienes, una patrimonio superior a
los RD$ 694 millones, que incluye inversiones en el país y el extranjero,
vehículos y bienes suntuarios.
Sin embargo, algunos de los trámites empresariales que ha
realizado el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) no han
estado exentos de controversia.
Tal es el caso del préstamo por US$ 15 millones efectuado
por el estatal Banco del Reservas (BanReservas) en plena campaña electoral del
2012, cinco meses antes de las elecciones, otorgado a contrapelo de la
evaluación negativa de los técnicos de la Gerencia de Análisis de Crédito y el
Comité de Evaluación de Crédito de la entidad bancaria por tratarse de una
deuda de alto riesgo.
También la compra al Estado dominicano del hotel Hispaniola,
por 16.5 millones de dólares y que luego lo vendió a un grupo español por 23
millones de dólares, además de terrenos en Samaná por RD$ 1.9 millones,
vendidos posteriormente por US$ 12 millones; operaciones que dejaron
boquiabierto a más de uno dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
que en la campaña del 2008, acusó al actual canciller de haber defraudado al
Estado desde su posición como secretario de Obras Públicas durante el gobierno
de Hipólito Mejía.
Ahora el empresario y político ha vuelto a ser señalado,
esta vez en un caso de compra y venta de los terrenos donde fue edificada
la Torre Caney – el edificio residencial de lujo, ubicado en Bella Vista, que
cuenta con 39 pisos, 31 apartamentos y un helipuerto –, efectuada,
supuestamente, de manera irregular.
Según el abogado Ramón Hernández Reyes, unos 58 mil metros
cuadrados – parcela 122-A-1-A-FF-3 – entre la avenida Anacaona y la calle
Helios, hasta la calle Las Ninfas, fueron heredados por su cliente, la señora
Lea Rafaela Pérez Henríquez, tras la muerte de su hermano Rafael Pérez
Henríquez en 2003.
Sin embargo, explica que al hacer la determinación de
herederos a favor de su cliente, la tituladora pide una carta constancia por
apenas 17 mil metros cuadrados, 38, 464.72 metros cuadrados menos de lo que
pertenecía a su hermano, esto debido a transacciones comerciales hechas por el
propietario.
“ Cuando vamos al Tribunal de Tierra
indagamos qué ha sucedido, nos encontramos con una serie de transferencias
inmobiliarias que se han operado, donde supuestamente el doctor Rafael Pérez
Henríquez vende a Huáscar B. Mejía González mediante actos de venta, porciones
de terreno”, señala Hernández Reyes, quien agrega que el 50 % de esos terrenos
han terminado – o estuvieron en un momento – en manos de empresas
vinculadas al ingeniero Miguel Vargas Maldonado.
El monto que supuestamente se pagó por las transacciones asciende
a los RD$ 17, 800, 000.00, en efectivo, pero la familia Henríquez
alega que no hay una constancia de que esos desembolsos a favor de su pariente
se hayan realizado y asegura que Huáscar B. Mejía González – quien en palabras
de Hernández Reyes, solía ayudar a Rafael Pérez Henríquez con algunas labores
–, no contaba con la solvencia económica para adquirir los terrenos.
Estas ventas, según el jurista y la familia, fueron
efectuadas falsificando la firma de Rafael Pérez Henríquez, por lo
que señala que se ha solicitado una experticia caligráfica en el extranjero, la
cual se encuentra a la espera de ser aprobada por los tribunales dominicanos.
Dentro del ámbito de la parcela número 122-A-1-A-FF-3, Huáscar
Bernardo Mejía González fue el adquiriente de parte de los 38 mil metros que
actualmente se encuentran el Litis. Pero también lo fueron Daysi
Altagracia Amor Balcacer (quien aparece en muchas de las compras que hizo Mejía
González) y la empresa Transporte D&D.
Informaciones suministradas a Acento detallan que el costo
promedio en 2016 del metro cuadrado en la zona de Bella Vista era de RD$ 40 mil
(US$ 883).
Los “vínculos”
José De Pool Dominici es socio mayoritario de la empresa Titulatec, vinculada
a la compra de los terrenos del sector Los Tres Brazos, la cual fue
suspendida por el presidente Danilo Medina, así como de todo proceso de
desalojo, debido a que se trató de una transacción irregular y “cuestionable”,
según lo confirmó la Comisión encargada de investigar la venta.
El empresario ha sido prestamista del canciller y presidente
del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Vargas Maldonado, incluso para la
adquisición de una parte de los terrenos en Bella Vista. También se desempeñó
como director general administrativo del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, en el 2003, cuando Vargas Maldonado era el dirigente de esa
cartera. Actualmente ocupa un puesto dentro del Ministerio de
Relaciones Exteriores como director administrativo, con un salario de
RD$ 175 mil (escuchar audio).
En mayo del 2001, la compañía de Transporte D & D CxA,
que preside José De Pool Dominici, compra 2,454.60 metros cuadrados dentro de
la parcela número 122-A-1-A-FF-3, a Rafael Pérez Henríquez, por RD$ 2, 200,
000.00.
Ramón Hernández: “De Pool Dominici llegó a afirmar
verbalmente que Huáscar Mejía es su socio. La conexión de Huáscar con ese grupo
era José de Pool Dominici. Él (Huáscar Mejía) no fue más que un instrumento. El
cerebro de toda esta operación es De Pool Dominici”
Tan solo 20 días después de la compra, esta empresa revende
esos terrenos a Inversiones Alberique, S.A. por el mismo precio, la cual fue
respaldada económicamente por la compañía Dominicana de Financiamientos,
también propiedad de José De Pool Dominici. Esta empresa otorgó a Inversiones
Alberique RD$ 1, 300, 000.00 del precio convenido.
También están las transacciones que involucran a las
empresas Gallery Construction, Intelar y Worldnet Comunications, las cuales,
según datos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), fueron
registradas por Julio Cesar Martínez Lantigua, hijo de Julio César Martínez
Rivera, exconsultor jurídico de la entonces Secretaría de Obras Públicas.
Este último, además de laborar en el Ministerio de
Relaciones Exteriores como asesor con salario de RD$ 150 mil, actuó
junto a Arodis Carrasco Rivas de Abreu, en representación de Huáscar González
Mejía, Trivento Investment, S. A., Inversiones Inmobiliaria Harna, S.A,
Inversiones Alberique, Gallery Construccion, S.A. y Transporte D & D, C.
por A., en las acciones legales relacionadas a este caso.
El estudio profesional de Martínez Rivera se encuentra
ubicado en la calle Los Cerezos número 7, Los Prados, la misma dirección con
las que se registraron las empresas Gallery Construction, Intelar y Worldnet
Comunications.
Fuente externa: José De Pool Dominici envió una comunicación
a Lea Pérez Henríquez, en la que le ofrecían la suma de 200 mil dólares en un
plazo de 10 días a partir de la firma de un documento de disentimiento de
querellas y otros 360 mil dólares en un plazo de 90 días
En la declaración jurada que hizo el presidente del PRD,
este presentó una cuenta por cobrar de RD$ 184 423 287 a Intelar, SRL, por
concepto de inversión, desde el 12 de abril del 2010 hasta el 16 de agosto del
2016. Según los documentos entregados por los abogados de la familia Pérez
Henríquez, Worldnet Comunication Dominicana transfirió el apartamento
identificado con el número de parcela 400400106114:32 a la sociedad de comercio
INTELAR, la cual señala, está representada por la esposa de Miguel Vargas,
María de los Ángeles García Frangie.
Estas operaciones, según los abogados de la familia Pérez
Henríquez, tienen el propósito de que las compañías propiedad del canciller
Miguel Vargas Maldonado nunca figuren como compradoras directas, resultando
beneficiario por intermedio de sus compañías.
“Demandamos ante el Tribunal de Tierra en el año 2008 la
nulidad de todos estos actos de venta y solicitamos que se haga una experticia
caligráfica y está pendiente de que luego lo autorice”, explica Hernández
Reyes.
Ese año, la jueza de la quinta sala del Tribunal de Tierras,
Luznelda Solís Taveras, falló a favor de la familia Pérez Henríquez y su
solicitud de la nulidad de todos estos actos de venta.
Esto, según el abogado de Lea Pérez Henríquez, inició el
proceso por parte del Estado, el cual a través de Bienes Nacionales, durante la
gestión de Elías Wessin Chávez, demanda la nulidad de Carta Constancia que
ampara la porción 17, 522.53 metros cuadrados que posee Pérez Henríquez, bajo
el alegato de que se trata de una carta de constancia de propiedad pública que
corresponde a 18 mil metros cuadrados de aceras y calles.
Esta solicitud también fue rechazada por Víctor Santana
Polanco (escuchar audio), exjuez de la
Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito
Nacional, debido a que esta cantidad de terreno, ya había sido descontada a
Rafael Pérez Henríquez. Pero, según el jurista, este fallo no detuvo el proceso
en su contra.
“Elementos peligrosos”
Otra de las ventas que la familia Pérez Henríquez señala
como irregular – y que ha causado enormes dolores de cabeza – es la
comercialización en 2003 de 2,846.03 metros cuadrados, vendidos por Huáscar B.
Mejía González a la Factoría de Arroz Comendador C. por A, una de las empresas
del narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo, por RD$ 2, 561, 427.
En esta transacción, pese a que el vendedor es Mejía
González – cuyo nombre figura en el contrato de compra y venta – el notario
Emilio Gómez Buret hace constar las firmas de Paulino Castillo y de Hilda V.
García Frangie, quien además de ser secretaria y representante de Inversiones
Alberique, S.A., es la cuñada de Miguel Vargas Maldonado.
“Fruto de esa venta que se hace, el Estado llama a doña Lea
– en el 2013 –, porque la Dirección de Drogas se adjudicó esos derechos que
tenía Quirino Ernesto Paulino Castillo sobre esa porción de terreno”, explica
el abogado Ramón Hernández Reyes, quien detalla, no obstante, que la porción de
tierra que reclama la DNCD no es la que fue vendida por Mejía González, sino
que le pertenece a su cliente.
Por esta causa fueron llamados a la Dirección para una
entrevista con el entonces director del organismo, mayor general Rolando Rosado
Mateo, a la cual acudieron los representantes legales de Lea Pérez Henríquez,
donde, según el jurista, sufrieron amenazas de muerte, en especial a su socio,
el abogado Jottin Cury hijo (escuchar audio). Al siguiente día
de esa visita, la casa de su cliente fue allanada.
También recibió amenazas una hija de Pérez Henríquez,
Virginia Martínez Pérez de Prota, por la vía telefónica, realizadas por una
persona que se identificó como miembro de la DNCD, lo cual consta en una carta
enviada a Rosado Mateo, con copia al procurador general de la República, con lo
que las acciones amenazantes se detuvieron, mas no las acciones legales.
El 17 de julio del 2013, la Quinta Sala del Tribunal de
Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, rechazó la solicitud de
aprobación de trabajos de deslinde practicados dentro del ámbito de la parcela
122-A-1-A-FF depositada por los abogados de Lea Pérez Henríquez, la cual fue
apelada en enero del 2014.
Posteriormente, en agosto del 2015, este tribunal rechazó la
apelación y confirmó la decisión número 20133021 del 17 de julio, que fue
nuevamente apelada en el 2016 por los representantes de la familia
Henríquez.
Este proceso no ha progresado, manteniéndose en el
Tribunal de Tierras en primer grado hasta la fecha.
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