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viernes, 10 de marzo de 2017

América Latina se juega el futuro de la lucha contra la corrupción en el ‘caso Odebrecht’

El escándalo de sobornos ha desatado por primer vez una reacción conjunta y supranacional


Hace justo un año, el 8 de marzo de 2016, el empresario Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años de prisión por la justicia brasileña por haber participado con su constructora en el entramado corrupto de la petrolera estatal Petrobras. Los detalles del caso se conocieron después, cuando el Departamento de Justicia de EE UU hizo públicas las confesiónes en las que altos cargos detallaban haber pagado hasta 778 millones de dólares (735 millones de euros) para obtener la concesión sistemática de contratos. “El caso Odebrecht es el test de estrés para la instituciones anticorrupción de América Latina”, ha afirmado este martes Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos durante el foro sobre la corrupción en América Latina organizado en Madrid por Casa de América y EL PAÍS.  

En los últimos meses la investigación ha llegado a implicar a 12 países, la mayoría de los cuales en la región, y en Brasilia se organizó, hace tres semanas, una cumbre con fiscales de 15 países para coordinar la investigación de un caso cuya complejidad aumenta con el paso de los días. Según ha explicado Villoria, América Latina se enfrenta a un hito histórico en la lucha contra la corrupción, si bien las investigaciones no son suficientes para erradicarla, ya que los resultados más estables se fundamentan en importantes “revoluciones cívicas". "La corrupción es un problema endémico en América Latina como en otras regiones", ha comentado al respecto Alejandro Salas, director regional para las Américas de la organización Transparencia Internacional, “pero por primera vez se está generando entre los países una especie de competencia sobre quién reacciona de forma más dura". Este cambio se origina, según el director, en la labor de equipos “valientes” como el del juez brasileño Sérgio Moro, y en el progresivo asentamiento de la clase media en muchos países de la región.

Aunque la tendencia se haya ralentizado, entre 2002 y 2014 al menos 13 millones de personas han entrado a formar parte de la clase media en la región, según informó el pasado abril el Banco Mundial. “Si tu problema pasa de ser la supervivencia a que tu hijo tenga mejores oportunidades de las que has tenido, empiezas a vigilar el desperdicio y los desvíos”, ha explicado Salas al recordar que América Latina presenta situaciones heterogéneas. Según el último estudio publicado por Transparencia Internacional el pasado enero, la corrupción percibida pasa de los resultados excelentes de Chile y Uruguay, que se sitúan en el lugar 24 y 21 respectivamente, al de Venezuela, que se encuentra en el lugar 166 sobre 176 países. Al explicar las diferencias entre las condiciones de estos países y Europa, Villoria ha hecho hincapié en la presencia en México, Argentina o Bolivia de un sistema de pequeños sobornos que entorpecen muchos aspectos de la vida cotidiana: “Si miras las encuestas, casi la mitad de los ciudadanos de estos países acaban pagando algo”, ha afirmado.

Alejandro Salas, que coordina la actividad de la organización desde Berlín y es méxicano, ha recordado irónicamente que su padre le regaló un carné de conducir al cumplir 14 años. México ha sido citado como ejemplo de los efectos más negativos de la "pequeña corrupción", por ser un fenómeno que favorece la criminalidad organizada. Según Salas, las consecuencias más graves de pagar unos “inocuos 10 euros a un policía para que te quite un problemilla” se encuentran en el deterioro irreversible de las instituciones. Según el último estudio de Transparencia Internacional, que establece una relación entre la corrupción y la desigualdad social, el país norteamericano presenta uno de los peores datos en este sentido con una puntuación de 3.5 en el ranking de inclusión social (sobre un máximo de 10) y de 30 en el de percepción de la corrupción (sobre un máximo de 100).

Villoria ha recordado que la lucha contra la corrupción no puede prescindir de la presencia de instituciones sólidas, ya que las únicas formas de poner freno a las derivas clientelarias son el control policial y un reparto claro de los poderes. "El primer paso es reducir la arbitrariedad del poder”, ha detallado al recordar que la calidad de la democracia no se mide solo en votos sino también en los instrumentos que permitan arrojar luz sobre los casos. Los ponentes han coincido en destacar la importancia de la libertad de prensa como una herramienta que impulse a denunciar los casos: un problema que Salas ha calificado de "pendiente" por la falta de sistemas que protejan a los denunciantes. "Necesitamos mucho más periodismo de investigación", ha concluido Villoria.

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