La República Dominicana participó hoy en la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington (CIDH), donde externó su preocupación por las reiteradas convocatorias a audiencias para abordar el tema del derecho a la nacionalidad dominicana, tras considerar que ya ha sido suficientemente debatido.
Recordó que la CIDH realizó en diciembre de 2013,
hace apenas tres meses, una visita in loco, por invitación del Gobierno
dominicano, en la cual tuvo la oportunidad de tratar de manera directa,
con todos los actores, los temas que fueron ventilados en esa audiencia.
La embajadora Radhys Abreu de Polanco, quien
representó al país en la audiencia temática sobre la situación del
derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana,
precisó que aún la CIDH tiene pendiente rendir el informe
correspondiente para que el Estado pueda formular las observaciones de
lugar.
Durante esta audiencia, Abreu de Polanco explicó
que, a través de la Junta Central Electoral, ya se realizó un
levantamiento en el cual se inventarió el número de extranjeros
inscritos en el registro civil del país, sea de manera regular o
irregular.
Puntualizó que en noviembre de 2013, la JCE
escrutó los registros de nacimientos de hijos de padres extranjeros,
evidenciándose que personas de 117 nacionalidades habían registrado los
nacimientos de sus hijos entre 1929 y 2007.
Expuso que “los libros fueron escrutados teniendo
en cuenta los criterios legales relativos al régimen de adquisición de
la nacionalidad dominicana, establecidos en las interpretaciones
realizadas por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional
de nuestras normas jurídicas en sus respectivos pronunciamientos”.
Las otras dos audiencias en la que participó el
Estado dominicano versaron sobre los derechos humanos de las mujeres y
la situación de los trabajadores migrantes haitianos.
Derechos de los trabajadores migrantes
La República Dominicana aseguró ante la CIDH que
es un Estado fundamentado en el respeto a la dignidad humana y que las
leyes concernientes al trabajo rigen sin distinción a dominicanos y
extranjeros, salvo las derogaciones emitidas en los convenios
internacionales.
La embajadora Abreu observó que el Código de
Trabajo en su principio VII prohíbe cualquier discriminación, exclusión,
preferencia basada en motivo de sexo, edad, raza, color, ascendencia
nacional, origen social, opinión política, militancia sindical o
creencia religiosa.
Aclaró que el Código Laboral Dominicano aplica
sanciones para trabajadores nacionales y migrantes sin restricción
alguna y cuando los derechos laborales les son afectados pueden proceder
por ante el Ministerio de Trabajo o ante los tribunales laborales de la
República Dominicana.
Puntualizó que la Ley General de Migración
No.285-04 y su Reglamento de Aplicación contemplan reglas específicas en
cuanto al estatus de los trabajadores migrantes en la República
Dominicana y garantizan la aplicación de la ley, protegiendo en todo
caso el derecho de los migrantes a no ser discriminados, a la vez que
protege la soberanía nacional.
“La República Dominicana, a través del Ministerio
de Trabajo, ha realizado esfuerzos para proteger y erradicar cualquier
violación a los derechos laborales de los trabajadores inmigrantes,
especialmente a los trabajadores haitianos, con la designación de una
persona que sirve de enlace entre el sector empleador y los
inmigrantes”, apuntó.
Situación de los derechos humanos de la mujer
En la audiencia relativa a la situación de los
derechos humanos de la mujer, Radhys Abreu de Polanco enfatizó que en
1997, en la República Dominicana se institucionalizó una política
pública dirigida a prevenir, prestar servicios de atención y sancionar
la violencia contra la mujer.
“Desde esa fecha se han creado leyes, normativas,
mecanismos, políticas, instrumentos y programas en los poderes del
Estado Dominicano para la atención integral de esta problemática”,
detalló.
Entre los mecanismos creados citó al Ministerio de
la Mujer; la Procuraduría Adjunta de la Mujer; Unidades de Atención
Integral a la Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar; las oficinas
provinciales y municipales de la mujer; una Comisión Nacional de
Prevención y Lucha contra la Violencia Intrafamiliar, entre otros.
Resaltó que la Estrategia Nacional de Desarrollo
2030 establece el enfoque de género como eje transversal, al instituir
que todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas
incorporen el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de actuación,
a fin de identificar situaciones de discriminación entre hombres y
mujeres y adoptar acciones para garantizar la igualdad y la equidad de
género.
En cuanto a la violencia contra las mujeres,
aseguró que éste aspecto constituye uno de los principales retos para la
política pública de género en la República Dominicana en la última
década y por ello a partir del 2012, la prevención de la violencia
contra las mujeres se integró al Sistema de Metas Presidenciales.
Explicó que ahora se cuenta con un sistema de
estadísticas en la Procuraduría General de la República, que muestra el
incremento de las denuncias por este delito, incluida la violencia
sexual y de la prevalencia de los feminicidios, según variables
demográficas y sociales.
“Se observa una tendencia a la reducción de los
feminicidios registrándose 233 en el 2011, 196 y 160 en 2012 y 2013
respectivamente, lo que implica una reducción de 18.4% en el último
años”, concluyó.
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