El Gobierno presentó hoy a la comunidad
internacional el “más ambicioso y completo plan” para que los
extranjeros en situación irregular normalicen su estatus de estancia en
el país con todas las garantías legales.
República Dominicana rindió ante el Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede
en Ginebra, un completo informe sobre los avances del país en materia de
derechos humanos como parte de los trabajos de la 18ª sesión de este
organismo.
El gobierno dominicano explicó algunas de las
medidas adoptadas desde el 2009 –fecha de la presentación del anterior
informe- para garantizar los derechos de los niños, mujeres,
homosexuales, discapacitados y migrantes.
La delegación oficial dominicana estuvo encabezada
por la Vicecanciller Alejandra Liriano y la Jefa de la Sección de
Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Rhadys Abreu de
Polanco.
Respecto al capítulo migratorio, Liriano reconoció
que a pesar de que recientemente ha suscitado un mayor interés, se
trata de un compromiso de gobierno del presidente Danilo Medina.
“El Gobierno ha puesto en marcha, en tiempo
récord, el más ambicioso y completo plan en la historia del país en esta
materia”, señaló Liriano para añadir que “estamos, de hecho, ante una
de las mayores iniciativas llevadas a cabo por un Gobierno en materia de
reconocimiento de derechos en las últimas décadas”.
Asimismo, y después de agradecer el interés de la
comunidad internacional y sus aportaciones, esperó que “la hoja de ruta
coherente, completa y eficaz” en materia de regularización migratoria
“pueda ser valiosa también para otros países en situaciones similares”.
La Vicecanciller explicó que las iniciativas del
Gobierno van encaminadas en dos direcciones: Una, que tiene que ver con
la situación irregular de migrantes extranjeros; y dos, que se refiere a
la situación de nacionales que no tengan sus documentos en regla.
La primera iniciativa es el Plan Nacional de
Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular. De
acuerdo a este plan, los extranjeros en situación irregular podrán
normalizarla siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos
para ello.
“Sólo con este plan, la República Dominicana
podría normalizar en los próximos 14 meses el estatus migratorio de
miles de personas, procedentes de más de 100 naciones y que se
encuentran actualmente en situación irregular en el país, poniendo fin
así a su situación de incertidumbre e irregularidad”, señaló.
Como acciones concretas, anunció que durante este
mes de febrero estarán operativas en todo el territorio oficinas
provinciales para dar servicio a los beneficiarios del proceso de
regularización. Asimismo, a partir de este mismo mes, se pondrá en
marcha un amplio programa de difusión y publicidad del plan.
La Vicecanciller subrayó que respecto a los
inmigrantes irregulares que trabajan y estudian en el país, el Gobierno
ya ha prometido darles prioridad en el otorgamiento de visas de trabajo y
de estudios.
Liriano destacó que el Gobierno se compromete a
realizar “una asignación suficiente de recursos humanos, técnicos y
materiales” para que se pueda llevar adelante dicho plan. Además,
enfatizó que, tal y como ha venido haciendo hasta ahora, el Gobierno
contará con el apoyo de la sociedad civil, iglesias, organizaciones
comunitarias y demás instituciones, tanto en el proceso de
acompañamiento como de identificación de los beneficiarios del plan.
El Gobierno dominicano recordó, asimismo, que como
ya se garantizó el pasado noviembre mediante Decreto presidencial,
durante la implementación del proceso de regularización quedarán
suspendidas las deportaciones para quienes decidan acogerse al Plan.
“Este Decreto está siendo cumplido de forma escrupulosa por las
autoridades”, indicó Liriano.
La segunda iniciativa está enfocada en resolver la
situación de irregularidad en la que se encuentran los hijos de
inmigrantes indocumentados registrados en República Dominicana, y sus
descendientes.
“Es importante resaltar que este proceso no afecta
a todos los hijos de inmigrantes nacidos en el país, puesto que los que
tengan al menos un progenitor residiendo legalmente son dominicanos”,
recordó la Vicecanciller.
Liriano reiteró “la postura firme” del gobierno
dominicano de que “ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana
va a ser despojada de ella”.
Por otro lado, el gobierno dominicano subrayó su
compromiso con los derechos humanos básicos de todas las personas que se
encuentran en su territorio.
Como ejemplos, citó que se invierte el 18% de su
presupuesto de salud en atender a la población inmigrante, o que
alrededor de 36.000 hijos de inmigrantes están matriculados en escuelas
públicas básicas en todo el país, sin necesidad de presentar
documentación alguna e independientemente de su estatus legal.
Asimismo, que las leyes laborales dominicanas
protegen a los trabajadores de cualquier nacionalidad,
independientemente de su estatus legal, y los tribunales laborales se
pronuncian sin prejuicio de aquellos inmigrantes cuyos derechos se hayan
violado, según la legislación dominicana.
La comunidad internacional saludó los avances en
materia de derechos humanos, a la vez que algunos países hicieron
algunas recomendaciones en diversos temas de la agenda que serán
estudiadas por el Gobierno para el próximo ciclo de evaluación, en un
período de cuatro años.
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