Invasión a terrenos, una práctica vieja e ilegal

(IA)La invasión de terrenos no es un fenómeno nuevo. Desde hace décadas, ha sido una práctica recurrente impulsada por la desigual distribución de la tierra, la falta de viviendas dignas y, en muchos casos, la debilidad institucional de los Estados para hacer cumplir las leyes. Sin embargo, aunque sus causas puedan tener un trasfondo social, la acción en sí misma sigue siendo ilegal. Quienes ocupan terrenos ajenos —sean privados o del Estado— violan derechos de propiedad y generan conflictos que muchas veces terminan en desalojos forzosos, pérdidas económicas y enfrentamientos sociales. Lo más grave es que algunas de estas invasiones son promovidas por grupos o líderes políticos que buscan beneficios particulares, utilizando la necesidad de las familias más vulnerables como instrumento de presión o manipulación. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la tierra y la vivienda de manera justa y ordenada, pero también de proteger el derecho de propiedad y el respeto a las leyes. Mientras se mantenga la impunidad y la falta de planificación urbana, las invasiones seguirán repitiéndose, dejando un rastro de desorden, conflictos y desconfianza en las instituciones. Poner fin a esta práctica exige más que operativos de desalojo: requiere políticas públicas sostenibles, planificación territorial y voluntad política para equilibrar justicia social con respeto al Estado de derecho.