La directora de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, y el viceministro de Fomento a las Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio, consideraron este martes en que lo ocurrido en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) es una muestra de que el Estado debe tener mejor control sobre el gasto de los recursos públicos.
Guzmán afirmó que las autoridades de la OMSA actuaron amparadas en una resolución emitida en 2008 y no en la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas del Estado.
La funcionaria se refirió a las alegadas irregularidades detectadas en la auditoría practicada por la Cámara de Cuentas a esa institución, durante la gestión del exdirector, Manuel Rivas, quien está preso por un supuesto homicidio.
De su lado, Ignacio Méndez, consideró que se hace necesario establecer mejores controles en la compra de bienes y servicios en las instituciones públicas.
Las declaraciones de ambos funcionarios fueron emitidas en el acto de inicio de los trabajos de los países miembros del SICA, para el modelo de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, en Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.
El caso de la OMSA involucra el uso de más de tres mil millones de pesos que habrían sido utilizados para realizar compras en distintas instituciones sin el debido procedimiento legal, según determinó la auditoría practicada por la Cámara de Cuentas.
En el caso OMSA están involucrados varias personas, contra las cuales la justicia emitió medida de coerción, debido a su supuesta relación con la muerte del abogado y catedrático universitario, Yuniol Ramírez, cuyo cadáver fue encontrado el pasado año en un arroyo del sector Manoguayabo, al oeste de la ciudad de Santo Domingo.
Ramírez denunció actos de corrupción.
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