El Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó el jueves la solicitud del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar una pena de cárcel mientras apela una condena por corrupción, en un fallo que probablemente termine su carrera política y profundice las divisiones en el país.
El voto decisivo que inclinó el 6-5 fue emitido por la jueza Rosa Weber, quien se opuso al pedido de Lula para evitar la prisión y comenzar a cumplir su condena de 12 años por aceptar sobornos. Su decisión selló el destino del expresidente izquierdista.
La sesión reflejó el debate que se da en todo el país, donde millones de ciudadanos siguieron la vista televisada. En Río de Janeiro y Sao Paulo, dos de las ciudades más importantes del país, pudieron verse fuegos artificiales y se escucharon gritos tras conocerse el fallo.
Manifestantes en Brasilia celebran la decisión de la Corte en contra de Lula.
Lula encabeza las encuestas electorales a pesar de su condena y de varias acusaciones de corrupción adicionales que esperan juicio. El fallo supone que el exmandatario podría ingresar pronto en prisión, algo que probablemente no ocurrirá hasta la próxima semana debido a varios tecnicismos.
“Hasta las últimas consecuencias”
Minutos después de conocerse el fallo, el Partido de los Trabajadores de Silva, que ocupó la presidencia de Brasil entre 2003 y 2016, predijo en un tuit la situación que podría desencadenar la decisión.
“El pueblo brasileño tiene derecho a votar por Lula, el candidato de la esperanza”, dijo el mensaje. “El Partido de los Trabajadores defenderá su candidatura en las calles y en cada tribunal hasta las últimas consecuencias”.
Seguidores de Lula le muestran su apoyo frente a su residencia en Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo.
El debate en la corte subrayó la importancia del asunto en un momento de gran tensión y angustia en un país que intenta salir de una severa recesión y que desde hace cuatro años está inmerso en el mayor escándalo de corrupción de su historia, el caso Autolavado, que ha salpicado a gran parte de la élite del país, entre ellos Lula.
“La Constitución asegura los derechos individuales, que son fundamentales en una democracia, pero también asegura el ejercicio del derecho penal”, dijo la presidenta del Supremo Tribunal, Cármen Lúcia, que fue duramente criticada durante la sesión por varios de sus colegas y emitió el voto decisivo con el conteo empatado 5-5.
El juez Gilmar Mendes, quien tradicionalmente ha sido crítico con Lula, votó en favor de su petición de no ingresar a prisión, desafiando a sus colegas a resistir la presión de la opinión pública.
“Si una corte cede (ante la presión), bien podría no existir”, dijo Mendes.
El juez Luis Roberto Barros argumentó que la integridad del sistema judicial está en juego.
“Un sistema penal que no trabaja con una efectividad mínima favorece el desarrollo del instinto de hacerse justicia por propia mano”, afirmó Barros, quien votó contra la petición.
En manos del Tribunal Electoral
Según la ley electoral brasileña, un candidato tiene prohibido presentarse para cargos públicos durante ocho años después de ser declarado culpable de un delito.
Algunas exenciones se han hecho en el pasado, y la decisión final en el caso de Lula sería tomada por el máximo tribunal electoral del país siempre y cuando el expresidente presente oficialmente su candidatura.
El principal tribunal electoral del país tomará la decisión final sobre los aspirantes a la presidencia a partir de agosto, pero se espera que rechace la candidatura de Lula en base a una ley que descalifica a las personas con condenas confirmadas.
Lula, que gozó de una inmensa popularidad tras dos mandatos como presidente entre 2003 y 2010, se ha convertido en un personaje polémico en medio de la Operación Autolavado, que ha enfurecido al ciudadano medio al relevar supuestas actitudes de la clase política.
El ex mandatario fue declarado culpable el año pasado por ayudar a una empresa constructora a lograr contratos a cambio de la promesa de que recibiría un apartamento en la playa. Lula siempre ha defendido su inocencia tanto en este caso como en otros, también por corrupción, que están pendientes de juicio. Sufrió un revés en enero, cuando una corte de apelaciones ratificó la condena relativa al mencionado apartamento y los tres magistrados que revisaron el caso ampliaron la sentencia a 12 años y un mes.
La decisión del jueves fue más allá del futuro de un político en su intento por regresar a la primera plana. Muchos observadores legales señalaron que permitir que Lula siguiese en libertad podría tener un gran impacto en otros casos relacionados con la Operación Autolavado y en los de otros delincuentes con medios para seguir apelando.
Jair Bolsonaro, un legislador de derechas que está segundo en las encuestas por detrás de Silva, resumió lo que probablemente pensaban muchos detractores del expresidente.
“Brasil espera que tras la votación de hoy Sergio Moro pueda ordenar su detención para mostrar que la corrupción no funciona”, señaló Bolsonaro mientras se manifestaba en el exterior del Congreso Nacional en Brasilia durante la vista judicial. “Nunca deberíamos volver a hacer política así. Los ladrones no deberían tener votos, deberían tener una celda”.
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