Puede decirse que en el informe anual sobre desempeño de la economía dominicana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se derramó en elogios sobre la consistencia en crecimiento, disminución del desempleo, recuperación de los salarios reales y retorno de la inflación al rango de meta fijado por el Banco Central.
El FMI también prevé que la economía este año en 5.5%, casi un punto porcentual con respecto a 2017 (4.6%), alentado por un mayor crecimiento del crédito y entorno externo más favorable, pero no todo es color de rosa en ese informe, dado que el Fondo advirtió sobre riesgos que se derivan de precios del petróleo más altos, condiciones financieras mundiales más restrictivas.
El Gobierno no parece animado a aceptar la sugerencia del FMI de promover una reforma fiscal basa en la ampliación de la base tributaria, que el gendarme internacional considera necesaria para afrontar lo que define como debilidades fiscales estructurales.
La misión del Fondo advierte que se requieren mayores esfuerzos para amortiguar los choques del aumento en los precios del crudo y de una mayor carga del servicio de la deuda como consecuencia del incremento de las tasas de interés en los mercados financieros internacionales.
En el litoral oficial se considera que emprender “una reforma fiscal estructural” provocaría fisura en la anatomía de la gobernanza y que además no sería fácil obtener un consenso ni en uno ni en dos años, aunque admiten que persisten riesgos sobre el crecimiento y estabilidad de la economía.
El camino escogido por el Gobierno, cuyos resultados el FMI considera insuficientes, ha sido el de mejorar sustancialmente la administración tributaria, mediante el combate frontal contra la evasión y elusión fiscal, lo que permitió que las recaudaciones en 2017 se incrementaran en 52 mil millones de pesos, equivalente a 1,5% del PIB.
El Fondo Monetario ha advertido que el Gobierno no podría afrontar los efectos del incremento del petróleo, cuyo precio promedio fue calculado en el Presupuesto Nacional de este ano en 49.2 dólares y ya supera los US$60, lo que encarece la economía en más de 820 millones de dólares, afecta la balanza de pagos y las trasferencias al sector eléctrico, aunque se incrementarían las recaudaciones por vía del impuesto Ad Valoren a los carburante.
Por la vía de mejorar la administración tributaria y aduanera, en lo que va de año, el Gobierno ha logrado superar la meta de recaudación fiscal en tres mil millones de pesos, al obtener ingresos por 83 mil millones, cuyo grueso ha sido alcanzado a través de ofensivas contra la evasión y la elusión fiscal.
Se sabe también que la ley 555-17 sobre lavado de activos, convierte la evasión fiscal en un crimen preexistente sobre capitales definidos como ilícitos, lo que abre la posibilidad de que la DGII cobre una tasa o impuesto a empresarios locales por legitimar desde el ámbito de la fiscalidad dinero anidado en paraísos financieros para su retorno al país.
Por todo lo antes expuestos, tal parece que, al menos por ahora el Gobierno no acogerá el consejo del FMI, de promover una reforma fiscal integral o estructural como forma de afrontar los choques del aumento de petróleo, aumento del servicio de la deuda y restricciones internacionales al crédito, porque por el camino de la eficiencia tributaria le ha ido muy bien.
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