Santo Domingo,
En el marco de la discusión social sobre la adopción de las nuevas leyes
de Partidos Políticos y Electoral, la Fundación Institucionalidad y
Justicia (FINJUS) propone que se incluyan en los proyectos que la Junta
Central Electoral (JCE) solo acepte la inscripción de las candidaturas
de personas que presenten su declaración jurada de patrimonio y una
certificación de pago de impuestos de los últimos tres años.
También sugiere que se incluya sanciones a las organizaciones políticas y
a los candidatos que no cumplan con las citadas medidas.
En una comunicación de prensa la FINJUS explica que para el
fortalecimiento institucional de los partidos y agrupaciones políticas
se requieren adoptar reglas claras para su funcionamiento interno y la
adecuación de sus obligaciones.
“El debilitamiento y la baja credibilidad de los partidos políticos es
consecuencia, entre otras causas, de la falta de transparencia en sus
actos, tanto como organizaciones como a nivel de sus miembros.
Consideramos que el principio de participación política debe ser
coherente con un conjunto de requisitos de cumplimiento obligatorio para
quienes se postulen a cargos públicos”, indica.
La FINJUS argumenta que con estos controles servirían como un primer
filtro para neutralizar el uso de fondos públicos, en provecho
particular y, por otro lado, implicaría un mayor nivel de rigor en el
marco de la fiscalización directa de quienes se inserten en el escenario
político-electoral.
Afirma que esos requisitos no pueden estar sujetos “a una mera
prohibición sin que se precisen consecuencias por su incumplimiento.
Si bien existen mecanismos sancionatorios por parte de la Administración
en el marco de las Declaraciones Juradas de Patrimonio, creemos que
igual o mayor relevancia debe dársele al uso de estas herramientas
dentro de los partidos políticos, a través de la Ley Electoral. Por
tanto, debemos insistir en que la inscripción o no de las candidaturas
debería depender de una verificación, aceptación y/o rechazo por parte
de la JCE, tal y como lo disponga la ley”, dice.
En otro tenor, la FINJUS afirma que ha mostrado un alto interés sobre la
observancia al principio de igualdad que debe imperar en todo sistema
político. Esto implica repensar la naturaleza potencialmente nociva de
ser al mismo tiempo alto directivo de una organización política y, a su
vez, ocupar un alto puesto en el seno de la administración pública.
“Aunque ambas tareas no son excluyentes, deben estar condicionadas a determinadas características”, agrega.
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