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lunes, 4 de mayo de 2015

La declaración jurada de bienes de los funcionarios que renunciaron

Es obligatorio, y además, esa información tiene que ser pública, para que pueda ser comparada con las declaraciones juradas de bienes de agosto y septiembre del 2012. Es lo que manda la ley y es la transparencia que el gobierno reclama.
Finalmente se cumplió el deseo de los miembros dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista, de salir del gobierno para poder atacar con crudeza al presidente Danilo Medina directamente. Ya atacaron a casi todo el gabinete, comenzando por el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, siguiendo con el viceministro de la presidencia Luis Henry Molina y con el resto de los más cercanos colaboradores del presidente, concluyendo con Roberto Rodríguez Marchena a quien descalificaron de la forma más despreciable.

La amenaza que implicaba la renuncia iba directamente al presidente de la República, Danilo Medina, quien no sólo respetó las designaciones de Leonel Fernández de los miembros de ese grupúsculo político, sino que aumentó su presencia y calidad al otorgarle, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas y aceptar que en la Cámara de Diputados fuese designado otro hijo del doctor Vincho Castillo.
La tolerancia mayor del presidente fue no pedir cuenta de todos los desatinos que en las instituciones del Estado a cargo de los dirigentes de la FNP se cometían. La señoría de lucha contra las drogas, por ejemplo, se mantuvo pese al crecimiento extraordinario del tráfico de drogas, a la inexistencia de una política nacional antidrogas distinta y más efectiva que la política que puso en vigencia Leonel Fernández en 2009, y ha sido este precisamente el período de mayor nivel de escándalo de vínculos de narcotraficantes con funcionarios de interdicción, sin olvidar el emblemático caso del DICAN.
Sobre la Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental hay que decir que hizo dos o tres amagos, en realidad pantallas, designando comisiones éticas en instituciones del Estado. Nada de valor ni significativo. Bajo esa dirección se cometieron los actos más terribles de corrupción en la administración anterior, y la respuesta de esa entidad fue o la indiferencia o el apoyo a los responsables de corrupción denunciados por el Ministerio Público. Véanse los casos de Víctor Díaz Rúa y Félix Bautista, para solo señalar los más ominosos, o véase el caso mismo de la acusación de Guillermo Moreno contra Leonel Fernández y la Fundación Global Democracia y Desarrollo.
Si observamos la Dirección General de Migración lo que veremos es la imposición de una ideología fascista en una entidad del Estado, que a su vez se dedicó a boicotear la política del presidente de la República en materia de migración y política de respeto a los derechos humanos. El Plan Nacional de Regularización y los demás instrumentos que se crearon para salvar a la República Dominicana de una condena mundial, fueron insistentemente resistidos por ese organismo, que se comportó como un sicario dentro del aparato regulatorio del Estado. La instrumentalización económica fue norma para recibir dinero extrapresupuestario sin reportarlo a la Cuenta Única del Estado, esquilmando a los migrantes, cobrando ilegalmente impuestos sin aprobación del Congreso Nacional y contrario a las disposiciones del presidente de la República.
Y qué decir del Ministerio de Energía y Minas, que no sea la decepción por la carencia de gerencia, de calidad técnica o el nepotismo instaurado allí. Como el gobierno no tenía confianza en el designado, le quitó la parte de energía al Ministerio por los próximos 5 años. Si el incumbente tiene capacidad administrativa o gerencial, tal vez por el poco tiempo que allí estuvo no pudo demostrarlo.
Lo que hace falta ahora, luego de la instalación de nuevos funcionarios en la administración de las entidades que fueron patrimonialismo de la FNP, es que los que se han ido cumplan con la ley de declaración jurada de bienes, y entreguen a la salida de sus funciones una declaración final con los datos de su patrimonio y las otras informaciones que requiere el formulario que existe. Es obligatorio, y además, esa información tiene que ser pública, para que pueda ser comparada con las declaraciones juradas de bienes de agosto y septiembre del 2012. Es lo que manda la ley y es la transparencia que el gobierno reclama.

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